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Globalización y crisis del estado de bienestar

            

1. Crisis del estado-nación

Crisis del estado de bienestar

            La crisis del estado de bienestar, que comienza a producirse en las sociedades desarrolladas como consecuencia de la globalización y el sometimiento de las políticas económicas, monetarias, laborales y sociales de cada país a las exigencias de los grandes bloques políticos-económicos, ha supuesto el fin de la autonomía del estado para diseñar su propia política económica y sus sistemas de protección social. La política prioritaria de generación de empleo, que ha constituido el eje central de las políticas de bienestar hasta mediados de los años setenta, se ve supeditada a las exigencias monetarias y al funcionamiento del libre mercado, que como resultado del desarrollo de la tecnología de la información, ha adquirido una dimensión sin límites, y los intercambios se producen a escala mundial, dando origen a un movimiento vertiginoso de intercambios de capital, mercancías y personas.

            A partir de la década de los años setenta, comienza a producirse un ajuste y reestructuración de los sectores productivos, como resultado de la incorporación de las nuevas tecnologías y del desarrollo de un mercado nacional cada vez más internacionalizado y globalizado. Las planificaciones económicas y las políticas sociales no alcanzan los objetivos previstos debido a los desajustes que se producen en las economías de los países desarrollados, lo que dificulta las previsiones a corto y largo plazo.

            La intervención del estado resulta más necesaria durante los períodos de recesión económica, no sólo para dinamizar el mercado sino también para hacer frente a las consecuencias sociales que los desajustes económicos van produciendo, con medidas de política y protección social. Estas actuaciones públicas han originado un fuerte crecimiento del gasto público, como consecuencia de la ampliación de los sistemas de protección social, que se ha producido para evitar que la crisis económica condujera también a una crisis social. El período de ajuste y adecuación de las economías nacionales al nuevo contexto internacional está siendo largo, por eso los estados han ido adquiriendo unos índices de endeudamiento elevados, lo que les ha obligado, en los últimos años, a promover políticas restrictivas que se han concretado en la disminución y descenso de los niveles de protección social. Esta situación ha provocado el debate en torno a la viabilidad del estado de bienestar, a corto y largo plazo, al encontrarse los gobiernos con dificultad para disponer de los recursos financieros necesarios para su desarrollo.

            El modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el estado de bienestar, y que se desarrolla a partir de la II Guerra Mundial, otorga al estado una función interventora, que se podría concretar en dos ámbitos:

1º) Política económica, por medio de la cual el estado se convierte en un elemento dinamizador del sistema económico, cuyo objetivo prioritario es el mantenimiento de la actividad, impulsando la producción, orientando la política de gasto y de inversión, y corrigiendo los desajustes que se van produciendo. El estado adquiere la función de reactivar la economía, especialmente en los momentos en los que el crecimiento constante no está garantizado, debido a las fluctuaciones a las que se encuentra sometido el mercado.

2º) Política social, a fin de conseguir:

a) una distribución de la renta, mediante la financiación de un amplio sistema de servicios sociales de carácter asistencial, y de nuevo sistema de seguridad social, articulado en torno a un principio de reparto, que ha ido sustituyendo al de los seguros privados;

b) promover el pleno empleo, estableciendo una política de concertación social que garantice elevados salarios y otras ventajas laborales; y,

c) posibilitar los recursos suficientes para fomentar el consumo interno y contribuir al mantenimiento de la productividad.

            Ambas políticas, la económica y la social, requieren una política fiscal, basada en un sistema progresivo y personalizado, que permita generar recursos suficientes para financiar la política económica y social.

            La intervención del estado, como regulador de la vida económica, se justifica por tres razones: primera, para hacer compatible el modo de producción capitalista -en el que prevalece la lógica del beneficio - y el sistema democrático -en el que prevalece la lógica de la participación y de la redistribución-; segunda, para fomentar la actividad económica y lograr la consecución del pleno empleo; y, en tercer lugar, para evitar el conflicto social -tan intenso en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial-, alejando los peligros revolucionarios, y proporcionando unas cuotas de bienestar y seguridad para todos los sectores sociales.

            Todo ello, ha supuesto que los estados de las sociedades occidentales avanzadas hayan tenido que desarrollar, durante los últimos años, una política económica basada en inversiones públicas y bonificaciones fiscales, con el fin de garantizar, en primer lugar, los beneficios empresariales y posibilitar los procesos de acumulación de capital, y contribuir de esta manera a reactivar la economía; en segundo lugar, fomentar el empleo, por medio de exenciones fiscales o de subvenciones, y evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo, derivada de los ajustes y reconversiones industriales; y, por último, posibilitar unos niveles de ingresos, que permitan el mantenimiento del consumo interior, contribuyendo a dinamizar el mercado y a reactivar la economía, especialmente en los momentos recesivos del ciclo. Pero, a su vez, han tenido que desarrollar, una política social y asistencial, cada vez más amplia, para hacer frente a la desigualdad y marginalidad que el mismo mercado ha ido creando. Una política social, por medio de la cual se desarrollan los derechos ciudadanos reconocidos en las Constituciones de los distintos estados democráticos, y que afectan a áreas sociales, generadoras de bienestar y seguridad, como son la educación, sanidad, pensiones, vivienda,.. Y también una política asistencial dirigida hacia aquellos grupos que se ven más afectados en sus niveles de bienestar por las fluctuaciones del mercado, y por la falta de recursos materiales y personales.

Crisis del modelo keynesiano y de la socialdemocracia

            El modelo keynesiano funcionó sin grandes dificultades hasta principios de los años setenta, debido principalmente al crecimiento económico que experimentaron las sociedades industriales, lo que permitió un fuerte crecimiento del empleo y contribuyó a mejorar las condiciones de protección social. Pero, ya a lo largo de los años setenta -no exclusivamente por causa de la crisis energética, aunque contribuyó y muy posiblemente aceleró el proceso-, comienza a manifestarse la dificultad del estado para controlar la inflación y reducir el desempleo, y compensar, a través de una política económica, los efectos que la crisis energética y el desarrollo de las nuevas tecnologías, estaban teniendo en las economías nacionales.

            El modelo se agota políticamente hacia finales de los años setenta, por diferentes causas:

1º) económicas: debido a la caída de la tasa de beneficio. Los procesos de acumulación rápida de capital, de las décadas anteriores, se vieron reducidos ante la incapacidad del estado para poder mantener e impulsar la producción de un mercado nacional, cada vez más condicionado por la globalización, y que requiere un mayor volumen de recursos para poder incidir en el mismo;

2º) sociales: derivadas de la nueva situación demográfica que se produce por la caída de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida, lo que ha supuesto un envejecimiento de la población con la siguiente repercusión en el incremento de los gastos de protección social y de carácter asistencial;

3º) organizativas: como consecuencia del final del taylorismo, como proceso y forma de organización del trabajo, a causa de la influencia que las nuevas tecnologías tuvieron en el sistema productivo y distributivo, y su repercusión en la estructura ocupacional;

4º) políticas: debido a la crisis financiera del estado, que no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a las exigencias del mundo empresarial, que demanda una política económica que garantice beneficios, y a las demandas ciudadanas que reclaman una ampliación de las coberturas de bienestar, especialmente en los momentos regresivos del ciclo económico, a fin de disminuir sus efectos en los niveles de protección y calidad de vida;

5º) ideológicas: al producirse una deslegitimación del orden político establecido, en la manera en que el estado deja de responder a las expectativas y demandas de los distintos grupos de presión, y de la población en general. El largo período recesivo por el que han pasado las economías occidentales no ha permitido que el gasto público, que ha ido aumentando progresivamente, pudiera ser compensado con los ingresos fiscales, lo que ha ocasionado un elevado déficit público en la mayor parte de los estados.

Declive de lo público

            El libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal de final de siglo, y ello conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido reduciendo a aquellos sectores de productividad menos rentables, deficitarios y que están relacionados con la protección social y asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa privada. El estado se convierte en subsidiario de aquellas actividades que al ser poco competitivas no interesan a la empresa. Por otra parte, la consolidación de un sistema de mercado global ha llevado consigo la privatización de sectores de productividad, de carácter estratégico, que hasta entonces un porcentaje importante de los mismos o era propiedad del estado o su actividad estaba sometida a una legislación específica, como por ejemplo, sucedía con las empresas energéticas, comunicaciones, telecomunicaciones ...

La consolidación del mercado globalizado ha supuesto, por tanto, en la mayor parte de los países desarrollados la crisis de las políticas públicas de desmercantilización y el desarrollo de un proceso de privatizaciones que ha afectado principalmente a aquellas ramas de productividad que, como consecuencia de la implantación de tecnología avanzada, son más rentables y tienen una dimensión más competitiva en un mercado globalizado. Nos encontramos en una etapa de remercantilización social, que ha originado lo que se ha denominado el ‘declive de lo publico’, y que ha supuesto la desmantelación del estado de bienestar, o al menos, del modelo existente en los años sesenta.

Carácter transnacional de las economías nacionales

            La situación económica mundial que se produce a partir de la década de los años ochenta constituye un claro ejemplo de interdependencia de los mercados, principalmente financieros, que obliga a cada estado-nación en las sociedades desarrolladas, a condicionar al mismo las políticas monetarias, crediticias y presupuestarias.

            El estado-nación ha ido perdiendo paulatinamente el control sobre su propia política económica que está condicionada por las exigencias de convergencia y competitividad que se van imponiendo entre los países de las áreas más desarrolladas. Un nuevo control supranacional sobre las políticas económicas nacionales se está produciendo por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

2. Una interpretación teórica de la crisis

            El centro de la polémica radica en la función que cada estado debe tener en una sociedad globalizada, internacionalizada y, por tanto, interdependiente. ¿Cuál debe ser el nivel de intervención del estado en unos mercados nacionales cada vez más condicionados y determinados por los grandes acontecimientos económicos, políticos y sociales que afectan a las naciones más desarrolladas?. ¿Cómo se está produciendo la legitimación del poder en una sociedad sometida a unos cambios constantes, que afectan a la estructura política, económica, social, cultural,...?. Se trata de un debate esencialmente ideológico, que ha dado lugar a diversos planteamientos.

            El pensamiento conservador, representado por Hayek, Friedman, Nozick, Nisbet, entre otros, consideran que el origen de la crisis del estado de bienestar se encuentra en el papel protagonista que la administración pública tiene en la sociedad civil, y que es analizado desde una triple dimensión:

1º) Económica. El origen de la crisis hay que buscarlo en la forma de intervención del estado en la economía, y concretamente en el excesivo gasto público, para compensar los desequilibrios sociales, que aparecen como resultado de los desajustes del mercado, y que han provocado unas pérdidas masivas de empleo, lo que supone la minoración de los recursos públicos que resultan necesarios para el relanzamiento de la actividad productiva. El incremento del gasto es también consecuencia del crecimiento de la burocracia estatal, debido a la expansión de los servicios sociales públicos, y del aumento de las subvenciones y subsidios a grupos marginales, realizados por el estado para evitar las situaciones de exclusión total. La raíz de los desajustes y conflictos de la sociedad del bienestar se encuentran, por tanto, en la política de intervención estatal y en el excesivo uso de los recursos fiscales para solucionar los desequilibrios económicos y sus repercusiones sociales.

2º) Cultural. La crisis también es consecuencia de las actitudes sociales y psicológicas negativas que la expansión y generalización del bienestar han producido en los ciudadanos. El análisis conservador señala como la causa del conflicto actual la falta de disciplina personal, ética y laboral imprescindibles, según Max Weber, para el desarrollo y continuidad del sistema capitalista. La tendencia igualitarista de las sociedades de bienestar ha provocado la ruptura de los fundamentos sobre los que se mantiene la sociedad capitalista: la estructura social y las instituciones básicas, como la familia y el sistema educativo, que desarrollan funciones de socialización y de integración social.

3º) Política. La crisis económica, social, cultural y de valores está afectando también a las instituciones políticas. El estado, en lugar de ser una institución neutral, como defendían los economistas teóricos de la Hacienda Pública, está sometido a las presiones y al poder de los principales grupos sociales y económicos: sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos.

            La alternativa neoconservadora se centra en lo que considera que es el origen de la crisis, es decir, el modo de intervención del estado en la sociedad, y propone una política de intervención mínima del sector público en materia social, cultural y educativa. La excesiva intervención del estado en cuestiones sociales minora los recursos necesarios para la reactivación económica, lo que provoca una disminución del nivel de competitividad y productividad, y contribuye a la pérdida de la disciplina laboral y a la disminución de la moral de ahorro y esfuerzo. Todo este contexto ha producido situaciones de ingobernabilidad y conflicto, por lo que es necesario establecer unos límites a la tendencia igualitaria y redistributiva del estado.

            La propuesta de la corriente conservadora plantea como punto de partida: en primer lugar, la oposición a cualquier planificación social, de carácter público; en segundo lugar, la defensa del sistema capitalista, identificado con el sistema democrático; y, en tercer lugar, reducir la intervención del estado, a corregir los “imprevistos” y contribuir así al funcionamiento del mercado, estableciendo una normativa de carácter universal que proteja la libertad económica. La función del estado debe limitarse, por tanto, a apoyar las relaciones mercantiles, para lo que resulta necesario apoyar la producción privada, disponer de recursos fiscales suficientes para la reactivación del mercado, garantizar los beneficios al capital y contar con la legitimación democrática suficiente. El análisis teórico que hace Friedman1 es un ejemplo de ello.

            Esta propuesta supone, de una manera implícita, el rechazo de la sociedad del bienestar, entendida como sociedad de masas, y la supresión de las políticas sociales y distributivas y el establecimiento, por el contrario, de una estructura social que se fundamenta en el principio de rivalidad y competitividad, frente a la tendencia igualitaria, promovida por el estado de bienestar. El discurso conservador conduce a las viejas formas de mercado, lo que contrasta con el modelo de sociedad de bienestar, con el que se han conseguido, a lo largo de su desarrollo histórico, unos logros que ya no pueden ser considerados como privilegios sino como derechos sociales, políticos y culturales propios de las sociedades democráticas. En los países en los que, durante los últimos años, se ha desarrollado una política conservadora se ha conseguido efectivamente una reactivación económica más rápida, pero a costa de la disminución de los sistemas de protección social, y el consiguiente aumento de las diferencias sociales, lo que está produciendo un incremento de la conflictividad por la dualidad social que está provocando.

            La alternativa neocorporativa tiene una mayor incidencia en los países del norte y centro de Europa a partir de la década de los setenta, y en los países mediterráneos en la década siguiente. El estado, a través de negociaciones informales, trata de controlar el conflicto producido entre los intereses de los grupos económicos. Los neocorporativistas Panitch, Lembruch... -entre otros- presentan una alternativa a la crisis del estado basada en dos ámbitos de actuación:

1º) Económico. Para superar las contradicciones de la sociedad de bienestar, el estado debe tratar de restablecer el equilibrio del mercado, excluyendo aquellas reivindicaciones excesivamente políticas, e institucionalizando plataformas informales de negociación entre las organizaciones empresariales y sindicales; y

2º) Político. El estado debe convertirse en promotor de nuevas estrategias para dirigir las relaciones políticas y económicas del sistema, canalizando la tensión que se produce entre los procesos de acumulación de capital, la participación política y la demandas ciudadanas de redistribución de la renta y de incremento de las prestaciones sociales. Para ello, debe proponer alternativas eficaces y racionales para la solución de los problemas sociales.

            En momentos de crisis y ajuste económico y social como los que se han ido produciendo a lo largo de las dos últimas décadas, la postura neocorporativista ha ido teniendo una mayor incidencia, a nivel macroeconómico y social, a través de política de rentas, acuerdos sobre reconversión industrial, pacto por el empleo, política sanitaria, educativa... Es el mismo estado el que promueve políticas neocorporativistas para lograr una mayor eficacia y racionalidad en la solución de los diferentes problemas, haciendo participar en su resolución a los distintos agentes sociales y grupos económicos.

            En contra de las posiciones más conservadoras, la sociología crítica explica la crisis del estado de bienestar a través del desarrollo de las sociedades capitalistas tardías. Habermas2 lo hace desde una triple dimensión:

1º) Económica. Los constantes ajustes económicos que se están produciendo en los últimos años en las sociedades capitalistas avanzadas constituyen un claro ejemplo de que la forma de intervención del estado, en lugar de reactivar el sistema productivo y corregir sus desajustes, responde a las leyes económicas que operan en el mercado, y por tanto, se encuentra sometida a la propia lógica de la crisis. El estado, a través de la política redistributiva, no ha conseguido contrarrestar los efectos sociales derivados de los procesos de acumulación y especulación capitalistas, por lo que la crisis económica ha generado a su vez una crisis social, lo que ha producido un resurgimiento de las luchas políticas y de clases.

2º) Política. La crisis política es analizada por Habermas a través de los conceptos de “racionalidad” y “legitimidad”, que interactúan entre sí. Se debe considerar una actuación racional por parte del estado cuando su política económica y social responde a los intereses generales y colectivos. El origen de la crisis de racionalidad es, por tanto, un problema de primacía de intereses. La racionalidad se puede medir por la capacidad del poder para que sus decisiones sean universales y no particulares y, por tanto, el consenso constituye el principio formal de la racionalidad. Cuando se reprimen los intereses generales y prevalecen los de los grupos de presión más poderosos, es cuando el poder debe buscar nuevas formas pseudolegitimadoras, y se produce una crisis de racionalidad. La legitimidad del estado se basa en el mismo proceso democrático, es decir, si el poder se ha constituido conforme a la legalidad y, si su actuación es racional. Por ello, cuando su intervención no alcanza el nivel de realización de expectativas deseado por los ciudadanos, se produce un problema de legitimación, y disminuye su nivel de lealtad y apoyo. La deslegitimación del estado se produce cuando su actuación política no sigue los principios de racionalidad. La alternativa a la crisis del estado es la restauración de la relación legitimidad-racionalidad.

3º). Sociocultural. La crisis sociocultural es también una crisis de motivación. Las aspiraciones de libertad y de igualdad, son compartidas por la mayoría de los ciudadanos del mundo desarrollado. Pero en la medida en que esta moral es aceptada universalmente, las estructuras económicas, políticas, sociales... del sistema capitalista entran en contradicción con ella. Por eso, la crisis de legitimación debería conducir a un nuevo “modelo social”, capaz de motivar una nueva adhesión y aceptación general del mismo. La alternativa consiste en el restablecimiento del consenso como principio formal de racionalidad, y que las decisiones del estado respondan a intereses universales y colectivos.

            Estos problemas y contradicciones que aparecen en la sociedades de bienestar están produciendo la “deslegitimación” del estado como resultado de la falta de eficiencia en su actuación, y concretamente cuando reduce las políticas sociales por la presión de grupos particulares, y en contra del interés colectivo. Esta situación está conduciendo a la quiebra de la racionalidad colectiva, como consecuencia de la descompensación que se produce entre la política económica y la social.

            Claus Offe3 considera que la crisis del estado de bienestar se debe a un deterioro del proyecto político, que se ha ido produciendo por la incapacidad de los gobiernos para aplicar programas preventivos en política económica, en lugar de políticas compensatorias posteriores. La ineficaz política redistributiva ha provocado nuevos colectivos de marginados, lo que ha producido un desconcierto social e incrementado la desmotivación colectiva. Resulta necesario, por tanto, la aceptación, por parte de todos los grupos sociales, de las reglas legitimadoras de los estados constitucionales y democráticos, y de las políticas y medidas gubernamentales que canalicen las demandas ciudadanas respecto a la redistribución de la riqueza y la ampliación de las coberturas de protección social.

            Partiendo de un análisis de las sociedades desarrolladas dentro del contexto del sistema mundial, Giddens4 considera que el estado de bienestar, en su configuración actual, no está siendo capaz de dar respuesta a los grandes cambios, y a la nueva situación social que se ha producido en los países desarrollados, y que ha afectado principalmente, en primer lugar. al trabajo. El estado de bienestar se propuso, como objetivo prioritario, la consecución del pleno empleo, pero principalmente el de los hombres, dado que a la mujer se le adjudicaba una función doméstica dentro del ámbito de la familia. La idea del pleno empleo se basaba en la importancia económica de la producción en serie, y en la organización centralizada entre el capital y el trabajo asalariado. La situación actual ha experimentado unos cambios considerables, que han afectado al incremento de la demanda de empleo femenino, al mismo concepto de trabajo y a las circunstancias en las que éste se produce, junto a las posibilidades de empleo en función del sexo y al trabajo femenino y su repercusión en la familia.

            En segundo lugar, también ha afectado a la idea de solidaridad, ya que el nuevo contexto de globalización económica ha contribuido a la ruptura de la idea de solidaridad nacional, sobre la que se fundamentaba el estado de bienestar. De la idea de reparto, y de solidaridad intergeneracional, en la que se basaban los sistemas de protección social, se está pasando a la idea de capitalización y de privatización de determinados servicios de bienestar.

            En tercer lugar, las nuevas situaciones de clase. La situación de clase estaba unida a una experiencia y acción comunitaria concreta, dentro de un área local, y en ella se desarrollaba la solidaridad. Las nuevas formas de distribución del trabajo, y las circunstancias y contexto en el que éste se desarrolla, ha contribuido a la disminución de este sentido de solidaridad. La clase actualmente se personaliza y cada vez se percibe menos como destino colectivo, y más como una limitación. El individuo se relaciona con el sistema de clases, no como productor sino como consumidor. El estilo de vida se ha convertido en indicador de la clase social a la que se pertenece, al igual que en tiempos pasados fue la posición dentro del orden productivo. La inclusión o exclusión del mercado laboral es ahora lo determinante.

            En cuarto lugar, el nuevo contexto político y socioeconómico producido ante los nuevos riesgos. La política de protección social del estado de bienestar ha estado dirigida principalmente a la gestión de riesgos externos, que pueden ser previstos y calculables, y se refieren a riesgos ya ocurridos -vejez, enfermedad...-, o que van a producirse en un futuro próximo. Con la nueva situación mundial aparecen riesgos fabricados, cuyas repercusiones son imprevisibles -por ejemplo, el deterioro ecológico, la contaminación, las presiones migratorias de los países subdesarrollados hacia el mundo desarrollado, los enfrentamientos bélicos...-. Esta situación, está desbordando los planteamientos y alternativas estrictamente nacionales, y exige respuestas a nivel internacional con políticas a largo plazo, basadas en la solidaridad entre los pueblos.

3. El estado-nación en un contexto globalizado: el futuro de la sociedad del bienestar

            El estado de bienestar está determinado por la problemática coyuntural que está afectando a los países desarrollados y al contexto mundial, y en particular por la globalización como condicionante estructural. Según Rodríguez Cabrero5 el estado de bienestar ha sido históricamente un mecanismo institucional de regulación del capitalismo en su fase de expansión, pero, a finales de los setenta, comienza a ser considerado, por una parte, como un obstáculo para la globalización, pero por otra, sigue siendo un mecanismo compensador de los costes sociales. La globalización de la economía, ha supuesto, en primer lugar, el agotamiento del modelo keynesiano ante los profundos cambios producidos en el mercado mundial, y la aparición de movimientos especulativos y políticas competitivas a gran escala, que impiden el crecimiento económico constante, que había posibilitado el desarrollo y funcionamiento del estado de bienestar. En segundo lugar, la expansión de las nuevas tecnologías, que han acelerado la crisis del modelo, que han transformado los procesos productivos y sistemas distributivos, afectando al mundo del trabajo y a su organización. A esto hay que añadir los efectos de la desaparición del socialismo real, ocurrido tras la desintegración de la U.R.S.S. a finales de los años ochenta, que era un obstáculo a la mundialización de la economía y a la expansión del sistema capitalista. Pero esta globalización está produciendo una serie de contradicciones, que están afectando a las relaciones entre el norte y el sur -del enfrentamiento entre Este Oeste se ha pasado al enfrentamiento entre los países ricos y países pobres-, y ha dado origen a una dualización social dentro de los mismos países desarrollados, al crear diferentes espacios de bienestar y provocar situaciones crónicas de exclusión social.

            El estado de bienestar futuro tendrá que dirigir su intervención hacia los riesgos fabricados, derivados de la situaciones de dominación que se mantienen sobre el Tercer Mundo, y cuyas repercusiones a largo plazo se desconocen y no pueden evaluarse adecuadamente. La explotación económica del Tercer Mundo ha beneficiado y ayudado, durante siglos, a la expansión económica de los países desarrollados, a través del mantenimiento de unos precios baratos de las materias primas y de la mano de obra, lo que ha producido una situación de dominación y dependencia económica y tecnológica. Es urgente, por tanto, un replanteamiento de las actuaciones de los países industrializados respecto a los subdesarrollados. Los Programas de actuación, deben procurar un desarrollo alternativo, basado en políticas generativas y en el fomento de actividades ya existentes en el mismo lugar.

            Asimismo deberán tenerse presente los nuevos riesgos sociales y económicos que aparecen en cada país, como consecuencia del envejecimiento de la población, y el consiguiente incremento de los gastos de protección social: pensiones, asistencia sanitaria, ayuda personalizada... y de los cambios producidos en el ciclo formativo y laboral de la población, y que afectan a los procesos educativos, que cada vez son más largos, a la incorporación a la actividad laboral, que se produce a una edad más tardía, y al adelantamiento de la edad de jubilación. Esto supone la disminución del período medio de actividad por persona, lo que en conjunto significa mayores gastos sociales y menos recursos fiscales para el estado. A ello, habría que añadir los nuevos riesgos que se están produciendo por el impacto de la mundialización en la economía nacional, es decir, la repercusión que los procesos de globalización están teniendo en las economías de los países desarrollados, como consecuencia de la competitividad mundial, de los movimientos especulativos...

            Por otra parte, tampoco se pueden olvidar las nuevas desigualdades y cambios en la estructura social, derivados de:

1º) el cambio que se ha producido en la estructura familiar, concretamente por la incorporación de la mujer a la actividad laboral y por las nuevas situaciones familiares, producidas por el aumento de divorcios y la aparición de otras formas de convivencia;

2º) las nuevas formas de desigualdad y de pobreza, asociadas a los procesos migratorios y sus problemas de integración, la extensión de familias monoparentales y a la descualificación profesional y exclusión social.

3º) las nuevas desigualdades por los cambios producidos en la estructura social, y los efectos del paro estructural, que está afectando especialmente a colectivos muy específicos: jóvenes y mayores de 45 años, con bajo nivel de cualificación.

4º) la dualización social que aparece como resultado de la extensión de la economía sumergida y, de los cambios en la organización del trabajo debido a la implantación tecnológica.

            De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que lo que verdaderamente está en crisis es el modelo económico y la idea de crecimiento ilimitado como generador de bienestar y calidad de vida. El crecimiento resulta indispensable para hacer frente a las necesidades cambiantes y siempre crecientes, prototipo de la cultura del bienestar, pero los niveles de consumo alcanzados en los países desarrollados, no han logrado la realización de muchas de las necesidades humanas: autorrealización, seguridad, estabilidad personal y laboral... Es necesario pensar, por tanto, en un modelo de sociedad en el que el crecimiento económico no sea un fin en sí mismo sino un medio para dar respuesta a las necesidades humanas y, por tanto, esté condicionado a su satisfacción.

            Las crisis cíclicas que están experimentando las sociedades avanzadas están cuestionando la racionalidad del crecimiento indiferenciado del sistema capitalista. La experiencia, en esta última fase de desarrollo del capitalismo, está demostrando que la abundancia no conduce necesariamente al bienestar y a la calidad de vida, que la economía no puede crecer de forma indefinida a causa de los límites físicos de la propia naturaleza, y que el problema económico fundamental no es el crecimiento sino la distribución de bienes y recursos.

            Únicamente es posible salir de esta crisis, a largo plazo, a través de unas estrategias globales de cambio, que deben producirse a nivel mundial, y que suponen necesariamente el establecimiento de un nuevo marco general de cooperación y una nueva actitud respecto de la naturaleza y de la utilización de sus recursos, basada en la armonía y no en la dominación, y hacia las generaciones futuras, a fin de que el bienestar actual no hipoteque el suyo. 

NOTAS

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2. HABERMAS, J.. (1991): Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu, pp. 63-69

3. OFFE, Cl. (1990): Contradicciones en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza Universidad, pp. 117-134.

4. GIDDENS, A. (1996): Más allá de la izquierda y de la derecha. El futuro de las políticas radicales , Madrid, Ed. Cátedra, pp. 139-155 y 181-196.

5. RODRIGUEZ CABRERO, G. (1996): Por un nuevo contrato social, Madrid, Instituto de Estudios Sociales Avanzados, pp. 10-12.

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