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Globalización y crisis del estado de bienestar
1.
Crisis del estado-nación Crisis
del estado de bienestar
La crisis del estado de bienestar, que comienza a producirse en las
sociedades desarrolladas como consecuencia de la globalización y el
sometimiento de las políticas económicas, monetarias, laborales y sociales de
cada país a las exigencias de los grandes bloques políticos-económicos, ha
supuesto el fin de la autonomía del estado para diseñar su propia política
económica y sus sistemas de protección social. La política prioritaria de
generación de empleo, que ha constituido el eje central de las políticas de
bienestar hasta mediados de los años setenta, se ve supeditada a las exigencias
monetarias y al funcionamiento del libre mercado, que como resultado del
desarrollo de la tecnología de la información, ha adquirido una dimensión sin
límites, y los intercambios se producen a escala mundial, dando origen a un
movimiento vertiginoso de intercambios de capital, mercancías y personas.
A partir de la década de los años setenta, comienza a producirse un
ajuste y reestructuración de los sectores productivos, como resultado de la
incorporación de las nuevas tecnologías y del desarrollo de un mercado
nacional cada vez más internacionalizado y globalizado. Las planificaciones
económicas y las políticas sociales no alcanzan los objetivos previstos debido
a los desajustes que se producen en las economías de los países desarrollados,
lo que dificulta las previsiones a corto y largo plazo.
La intervención del estado resulta más necesaria durante los períodos
de recesión económica, no sólo para dinamizar el mercado sino también para
hacer frente a las consecuencias sociales que los desajustes económicos van
produciendo, con medidas de política y protección social. Estas actuaciones públicas
han originado un fuerte crecimiento del gasto público, como consecuencia de la
ampliación de los sistemas de protección social, que se ha producido para
evitar que la crisis económica condujera también a una crisis social. El período
de ajuste y adecuación de las economías nacionales al nuevo contexto
internacional está siendo largo, por eso los estados han ido adquiriendo unos
índices de endeudamiento elevados, lo que les ha obligado, en los últimos años,
a promover políticas restrictivas que se han concretado en la disminución y
descenso de los niveles de protección social. Esta situación ha provocado el
debate en torno a la viabilidad del estado de bienestar, a corto y largo plazo,
al encontrarse los gobiernos con dificultad para disponer de los recursos
financieros necesarios para su desarrollo.
El modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el estado de bienestar, y
que se desarrolla a partir de la II Guerra Mundial, otorga al estado una función
interventora, que se podría concretar en dos ámbitos: 1º) Política
económica, por medio de la cual el estado se convierte en un elemento
dinamizador del sistema económico, cuyo objetivo prioritario es el
mantenimiento de la actividad, impulsando la producción, orientando la política
de gasto y de inversión, y corrigiendo los desajustes que se van produciendo.
El estado adquiere la función de reactivar la economía, especialmente en los
momentos en los que el crecimiento constante no está garantizado, debido a las
fluctuaciones a las que se encuentra sometido el mercado. 2º) Política
social, a fin de conseguir: a) una
distribución de la renta, mediante la financiación de un amplio sistema de
servicios sociales de carácter asistencial, y de nuevo sistema de seguridad
social, articulado en torno a un principio de reparto, que ha ido sustituyendo
al de los seguros privados; b)
promover el pleno empleo, estableciendo una política de concertación social
que garantice elevados salarios y otras ventajas laborales; y, c)
posibilitar los recursos suficientes para fomentar el consumo interno y
contribuir al mantenimiento de la productividad.
Ambas políticas, la económica y la social, requieren una política
fiscal, basada en un sistema progresivo y personalizado, que permita generar
recursos suficientes para financiar la política económica y social.
La intervención del estado, como regulador de la vida económica, se
justifica por tres razones: primera, para hacer compatible el modo de producción
capitalista -en el que prevalece la lógica del beneficio - y el sistema democrático
-en el que prevalece la lógica de la participación y de la redistribución-;
segunda, para fomentar la actividad económica y lograr la consecución del
pleno empleo; y, en tercer lugar, para evitar el conflicto social -tan intenso
en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial-, alejando los peligros
revolucionarios, y proporcionando unas cuotas de bienestar y seguridad para
todos los sectores sociales.
Todo ello, ha supuesto que los estados de las sociedades occidentales
avanzadas hayan tenido que desarrollar, durante los últimos años, una política
económica basada en inversiones públicas y bonificaciones fiscales, con el fin
de garantizar, en primer lugar, los beneficios empresariales y posibilitar los
procesos de acumulación de capital, y contribuir de esta manera a reactivar la
economía; en segundo lugar, fomentar el empleo, por medio de exenciones
fiscales o de subvenciones, y evitar la destrucción masiva de puestos de
trabajo, derivada de los ajustes y reconversiones industriales; y, por último,
posibilitar unos niveles de ingresos, que permitan el mantenimiento del consumo
interior, contribuyendo a dinamizar el mercado y a reactivar la economía,
especialmente en los momentos recesivos del ciclo. Pero, a su vez, han tenido
que desarrollar, una política social y asistencial, cada vez más amplia, para
hacer frente a la desigualdad y marginalidad que el mismo mercado ha ido
creando. Una política social, por medio de la cual se desarrollan los derechos
ciudadanos reconocidos en las Constituciones de los distintos estados democráticos,
y que afectan a áreas sociales, generadoras de bienestar y seguridad, como son
la educación, sanidad, pensiones, vivienda,.. Y también una política
asistencial dirigida hacia aquellos grupos que se ven más afectados en sus
niveles de bienestar por las fluctuaciones del mercado, y por la falta de
recursos materiales y personales. Crisis
del modelo keynesiano y de la socialdemocracia
El modelo keynesiano funcionó sin grandes dificultades hasta principios
de los años setenta, debido principalmente al crecimiento económico que
experimentaron las sociedades industriales, lo que permitió un fuerte
crecimiento del empleo y contribuyó a mejorar las condiciones de protección
social. Pero, ya a lo largo de los años setenta -no exclusivamente por causa de
la crisis energética, aunque contribuyó y muy posiblemente aceleró el
proceso-, comienza a manifestarse la dificultad del estado para controlar la
inflación y reducir el desempleo, y compensar, a través de una política económica,
los efectos que la crisis energética y el desarrollo de las nuevas tecnologías,
estaban teniendo en las economías nacionales.
El modelo se agota políticamente hacia finales de los años setenta, por
diferentes causas: 1º) económicas:
debido a la caída de la tasa de beneficio. Los procesos de acumulación rápida
de capital, de las décadas anteriores, se vieron reducidos ante la incapacidad
del estado para poder mantener e impulsar la producción de un mercado nacional,
cada vez más condicionado por la globalización, y que requiere un mayor
volumen de recursos para poder incidir en el mismo; 2º)
sociales: derivadas de la nueva situación demográfica que se produce por la caída
de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida, lo que ha supuesto un
envejecimiento de la población con la siguiente repercusión en el incremento
de los gastos de protección social y de carácter asistencial; 3º)
organizativas: como consecuencia del final del taylorismo, como proceso y forma
de organización del trabajo, a causa de la influencia que las nuevas tecnologías
tuvieron en el sistema productivo y distributivo, y su repercusión en la
estructura ocupacional; 4º) políticas:
debido a la crisis financiera del estado, que no dispone de los recursos
suficientes para hacer frente a las exigencias del mundo empresarial, que
demanda una política económica que garantice beneficios, y a las demandas
ciudadanas que reclaman una ampliación de las coberturas de bienestar,
especialmente en los momentos regresivos del ciclo económico, a fin de
disminuir sus efectos en los niveles de protección y calidad de vida; 5º) ideológicas:
al producirse una deslegitimación del orden político establecido, en la manera
en que el estado deja de responder a las expectativas y demandas de los
distintos grupos de presión, y de la población en general. El largo período
recesivo por el que han pasado las economías occidentales no ha permitido que
el gasto público, que ha ido aumentando progresivamente, pudiera ser compensado
con los ingresos fiscales, lo que ha ocasionado un elevado déficit público en
la mayor parte de los estados. Declive
de lo público
El libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía
neoliberal de final de siglo, y ello conlleva la crisis de lo público, cuya
actividad se ha ido reduciendo a aquellos sectores de productividad menos
rentables, deficitarios y que están relacionados con la protección social y
asistencial, o con la prestación de determinados servicios ciudadanos que no
interesan por la escasa o nula rentabilidad a la iniciativa privada. El estado
se convierte en subsidiario de aquellas actividades que al ser poco competitivas
no interesan a la empresa. Por otra parte, la consolidación de un sistema de
mercado global ha llevado consigo la privatización de sectores de
productividad, de carácter estratégico, que hasta entonces un porcentaje
importante de los mismos o era propiedad del estado o su actividad estaba
sometida a una legislación específica, como por ejemplo, sucedía con las
empresas energéticas, comunicaciones, telecomunicaciones ... La consolidación del mercado globalizado ha supuesto, por
tanto, en la mayor parte de los países desarrollados la crisis de las políticas
públicas de desmercantilización y el desarrollo de un proceso de
privatizaciones que ha afectado principalmente a aquellas ramas de productividad
que, como consecuencia de la implantación de tecnología avanzada, son más
rentables y tienen una dimensión más competitiva en un mercado globalizado.
Nos encontramos en una etapa de remercantilización social, que ha originado lo
que se ha denominado el ‘declive de lo publico’, y que ha supuesto la
desmantelación del estado de bienestar, o al menos, del modelo existente en los
años sesenta. Carácter
transnacional de las economías nacionales
La situación económica mundial que se produce a partir de la década de
los años ochenta constituye un claro ejemplo de interdependencia de los
mercados, principalmente financieros, que obliga a cada estado-nación en las
sociedades desarrolladas, a condicionar al mismo las políticas monetarias,
crediticias y presupuestarias.
El estado-nación ha ido perdiendo paulatinamente el control sobre su
propia política económica que está condicionada por las exigencias de
convergencia y competitividad que se van imponiendo entre los países de las áreas
más desarrolladas. Un nuevo control supranacional sobre las políticas económicas
nacionales se está produciendo por parte del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional. 2. Una
interpretación teórica de la crisis
El centro de la polémica radica en la función que cada estado debe
tener en una sociedad globalizada, internacionalizada y, por tanto,
interdependiente. ¿Cuál debe ser el nivel de intervención del estado en unos
mercados nacionales cada vez más condicionados y determinados por los grandes
acontecimientos económicos, políticos y sociales que afectan a las naciones más
desarrolladas?. ¿Cómo se está produciendo la legitimación del poder en una
sociedad sometida a unos cambios constantes, que afectan a la estructura política,
económica, social, cultural,...?. Se trata de un debate esencialmente ideológico,
que ha dado lugar a diversos planteamientos.
El pensamiento conservador, representado por Hayek, Friedman, Nozick,
Nisbet, entre otros, consideran que el origen de la crisis del estado de
bienestar se encuentra en el papel protagonista que la administración pública
tiene en la sociedad civil, y que es analizado desde una triple dimensión: 1º) Económica.
El origen de la crisis hay que buscarlo en la forma de intervención del estado
en la economía, y concretamente en el excesivo gasto público, para compensar
los desequilibrios sociales, que aparecen como resultado de los desajustes del
mercado, y que han provocado unas pérdidas masivas de empleo, lo que supone la
minoración de los recursos públicos que resultan necesarios para el
relanzamiento de la actividad productiva. El incremento del gasto es también
consecuencia del crecimiento de la burocracia estatal, debido a la expansión de
los servicios sociales públicos, y del aumento de las subvenciones y subsidios
a grupos marginales, realizados por el estado para evitar las situaciones de
exclusión total. La raíz de los desajustes y conflictos de la sociedad del
bienestar se encuentran, por tanto, en la política de intervención estatal y
en el excesivo uso de los recursos fiscales para solucionar los desequilibrios
económicos y sus repercusiones sociales. 2º)
Cultural. La crisis también es consecuencia de las actitudes sociales y psicológicas
negativas que la expansión y generalización del bienestar han producido en los
ciudadanos. El análisis conservador señala como la causa del conflicto actual
la falta de disciplina personal, ética y laboral imprescindibles, según Max
Weber, para el desarrollo y continuidad del sistema capitalista. La tendencia
igualitarista de las sociedades de bienestar ha provocado la ruptura de los
fundamentos sobre los que se mantiene la sociedad capitalista: la estructura
social y las instituciones básicas, como la familia y el sistema educativo, que
desarrollan funciones de socialización y de integración social. 3º) Política.
La crisis económica, social, cultural y de valores está afectando también a
las instituciones políticas. El estado, en lugar de ser una institución
neutral, como defendían los economistas teóricos de la Hacienda Pública, está
sometido a las presiones y al poder de los principales grupos sociales y económicos:
sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos.
La alternativa neoconservadora se centra en lo que considera que es el
origen de la crisis, es decir, el modo de intervención del estado en la
sociedad, y propone una política de intervención mínima del sector público
en materia social, cultural y educativa. La excesiva intervención del estado en
cuestiones sociales minora los recursos necesarios para la reactivación económica,
lo que provoca una disminución del nivel de competitividad y productividad, y
contribuye a la pérdida de la disciplina laboral y a la disminución de la
moral de ahorro y esfuerzo. Todo este contexto ha producido situaciones de
ingobernabilidad y conflicto, por lo que es necesario establecer unos límites a
la tendencia igualitaria y redistributiva del estado.
La propuesta de la corriente conservadora plantea como punto de partida:
en primer lugar, la oposición a cualquier planificación social, de carácter público;
en segundo lugar, la defensa del sistema capitalista, identificado con el
sistema democrático; y, en tercer lugar, reducir la intervención del estado, a
corregir los “imprevistos” y contribuir así al funcionamiento del mercado,
estableciendo una normativa de carácter universal que proteja la libertad económica.
La función del estado debe limitarse, por tanto, a apoyar las relaciones
mercantiles, para lo que resulta necesario apoyar la producción privada,
disponer de recursos fiscales suficientes para la reactivación del mercado,
garantizar los beneficios al capital y contar con la legitimación democrática
suficiente. El análisis teórico que hace Friedman1 es un
ejemplo de ello.
Esta propuesta supone, de una manera implícita, el rechazo de la
sociedad del bienestar, entendida como sociedad de masas, y la supresión de las
políticas sociales y distributivas y el establecimiento, por el contrario, de
una estructura social que se fundamenta en el principio de rivalidad y
competitividad, frente a la tendencia igualitaria, promovida por el estado de
bienestar. El discurso conservador conduce a las viejas formas de mercado, lo
que contrasta con el modelo de sociedad de bienestar, con el que se han
conseguido, a lo largo de su desarrollo histórico, unos logros que ya no pueden
ser considerados como privilegios sino como derechos sociales, políticos y
culturales propios de las sociedades democráticas. En los países en los que,
durante los últimos años, se ha desarrollado una política conservadora se ha
conseguido efectivamente una reactivación económica más rápida, pero a costa
de la disminución de los sistemas de protección social, y el consiguiente
aumento de las diferencias sociales, lo que está produciendo un incremento de
la conflictividad por la dualidad social que está provocando.
La alternativa neocorporativa tiene una mayor incidencia en los países
del norte y centro de Europa a partir de la década de los setenta, y en los países
mediterráneos en la década siguiente. El estado, a través de negociaciones
informales, trata de controlar el conflicto producido entre los intereses de los
grupos económicos. Los neocorporativistas Panitch, Lembruch... -entre otros-
presentan una alternativa a la crisis del estado basada en dos ámbitos de
actuación: 1º) Económico.
Para superar las contradicciones de la sociedad de bienestar, el estado debe
tratar de restablecer el equilibrio del mercado, excluyendo aquellas
reivindicaciones excesivamente políticas, e institucionalizando plataformas
informales de negociación entre las organizaciones empresariales y sindicales;
y 2º) Político.
El estado debe convertirse en promotor de nuevas estrategias para dirigir las
relaciones políticas y económicas del sistema, canalizando la tensión que se
produce entre los procesos de acumulación de capital, la participación política
y la demandas ciudadanas de redistribución de la renta y de incremento de las
prestaciones sociales. Para ello, debe proponer alternativas eficaces y
racionales para la solución de los problemas sociales.
En momentos de crisis y ajuste económico y social como los que se han
ido produciendo a lo largo de las dos últimas décadas, la postura
neocorporativista ha ido teniendo una mayor incidencia, a nivel macroeconómico
y social, a través de política de rentas, acuerdos sobre reconversión
industrial, pacto por el empleo, política sanitaria, educativa... Es el mismo
estado el que promueve políticas neocorporativistas para lograr una mayor
eficacia y racionalidad en la solución de los diferentes problemas, haciendo
participar en su resolución a los distintos agentes sociales y grupos económicos.
En contra de las posiciones más conservadoras, la sociología crítica
explica la crisis del estado de bienestar a través del desarrollo de las
sociedades capitalistas tardías. Habermas2 lo hace desde una
triple dimensión: 1º) Económica.
Los constantes ajustes económicos que se están produciendo en los últimos años
en las sociedades capitalistas avanzadas constituyen un claro ejemplo de que la
forma de intervención del estado, en lugar de reactivar el sistema productivo y
corregir sus desajustes, responde a las leyes económicas que operan en el
mercado, y por tanto, se encuentra sometida a la propia lógica de la crisis. El
estado, a través de la política redistributiva, no ha conseguido contrarrestar
los efectos sociales derivados de los procesos de acumulación y especulación
capitalistas, por lo que la crisis económica ha generado a su vez una crisis
social, lo que ha producido un resurgimiento de las luchas políticas y de
clases. 2º) Política.
La crisis política es analizada por Habermas a través de los conceptos de
“racionalidad” y “legitimidad”, que interactúan entre sí. Se debe
considerar una actuación racional por parte del estado cuando su política económica
y social responde a los intereses generales y colectivos. El origen de la crisis
de racionalidad es, por tanto, un problema de primacía de intereses. La
racionalidad se puede medir por la capacidad del poder para que sus decisiones
sean universales y no particulares y, por tanto, el consenso constituye el
principio formal de la racionalidad. Cuando se reprimen los intereses generales
y prevalecen los de los grupos de presión más poderosos, es cuando el poder
debe buscar nuevas formas pseudolegitimadoras, y se produce una crisis de
racionalidad. La legitimidad del estado se basa en el mismo proceso democrático,
es decir, si el poder se ha constituido conforme a la legalidad y, si su actuación
es racional. Por ello, cuando su intervención no alcanza el nivel de realización
de expectativas deseado por los ciudadanos, se produce un problema de legitimación,
y disminuye su nivel de lealtad y apoyo. La deslegitimación del estado se
produce cuando su actuación política no sigue los principios de racionalidad.
La alternativa a la crisis del estado es la restauración de la relación
legitimidad-racionalidad. 3º).
Sociocultural. La crisis sociocultural es también una crisis de motivación.
Las aspiraciones de libertad y de igualdad, son compartidas por la mayoría de
los ciudadanos del mundo desarrollado. Pero en la medida en que esta moral es
aceptada universalmente, las estructuras económicas, políticas, sociales...
del sistema capitalista entran en contradicción con ella. Por eso, la crisis de
legitimación debería conducir a un nuevo “modelo social”, capaz de motivar
una nueva adhesión y aceptación general del mismo. La alternativa consiste en
el restablecimiento del consenso como principio formal de racionalidad, y que
las decisiones del estado respondan a intereses universales y colectivos.
Estos problemas y contradicciones que aparecen en la sociedades de
bienestar están produciendo la “deslegitimación” del estado como resultado
de la falta de eficiencia en su actuación, y concretamente cuando reduce las
políticas sociales por la presión de grupos particulares, y en contra del
interés colectivo. Esta situación está conduciendo a la quiebra de la
racionalidad colectiva, como consecuencia de la descompensación que se produce
entre la política económica y la social.
Claus Offe3 considera que la crisis del estado de
bienestar se debe a un deterioro del proyecto político, que se ha ido
produciendo por la incapacidad de los gobiernos para aplicar programas
preventivos en política económica, en lugar de políticas compensatorias
posteriores. La ineficaz política redistributiva ha provocado nuevos colectivos
de marginados, lo que ha producido un desconcierto social e incrementado la
desmotivación colectiva. Resulta necesario, por tanto, la aceptación, por
parte de todos los grupos sociales, de las reglas legitimadoras de los estados
constitucionales y democráticos, y de las políticas y medidas gubernamentales
que canalicen las demandas ciudadanas respecto a la redistribución de la
riqueza y la ampliación de las coberturas de protección social.
Partiendo de un análisis de las sociedades desarrolladas dentro del
contexto del sistema mundial, Giddens4 considera que el estado
de bienestar, en su configuración actual, no está siendo capaz de dar
respuesta a los grandes cambios, y a la nueva situación social que se ha
producido en los países desarrollados, y que ha afectado principalmente, en
primer lugar. al trabajo. El estado de bienestar se propuso, como objetivo
prioritario, la consecución del pleno empleo, pero principalmente el de los
hombres, dado que a la mujer se le adjudicaba una función doméstica dentro del
ámbito de la familia. La idea del pleno empleo se basaba en la importancia económica
de la producción en serie, y en la organización centralizada entre el capital
y el trabajo asalariado. La situación actual ha experimentado unos cambios
considerables, que han afectado al incremento de la demanda de empleo femenino,
al mismo concepto de trabajo y a las circunstancias en las que éste se produce,
junto a las posibilidades de empleo en función del sexo y al trabajo femenino y
su repercusión en la familia.
En segundo lugar, también ha afectado a la idea de solidaridad, ya que
el nuevo contexto de globalización económica ha contribuido a la ruptura de la
idea de solidaridad nacional, sobre la que se fundamentaba el estado de
bienestar. De la idea de reparto, y de solidaridad intergeneracional, en la que
se basaban los sistemas de protección social, se está pasando a la idea de
capitalización y de privatización de determinados servicios de bienestar.
En tercer lugar, las nuevas situaciones de clase. La situación de clase
estaba unida a una experiencia y acción comunitaria concreta, dentro de un área
local, y en ella se desarrollaba la solidaridad. Las nuevas formas de distribución
del trabajo, y las circunstancias y contexto en el que éste se desarrolla, ha
contribuido a la disminución de este sentido de solidaridad. La clase
actualmente se personaliza y cada vez se percibe menos como destino colectivo, y
más como una limitación. El individuo se relaciona con el sistema de clases,
no como productor sino como consumidor. El estilo de vida se ha convertido en
indicador de la clase social a la que se pertenece, al igual que en tiempos
pasados fue la posición dentro del orden productivo. La inclusión o exclusión
del mercado laboral es ahora lo determinante.
En cuarto lugar, el nuevo contexto político y socioeconómico producido
ante los nuevos riesgos. La política de protección social del estado de
bienestar ha estado dirigida principalmente a la gestión de riesgos externos,
que pueden ser previstos y calculables, y se refieren a riesgos ya ocurridos
-vejez, enfermedad...-, o que van a producirse en un futuro próximo. Con la
nueva situación mundial aparecen riesgos fabricados, cuyas repercusiones son
imprevisibles -por ejemplo, el deterioro ecológico, la contaminación, las
presiones migratorias de los países subdesarrollados hacia el mundo
desarrollado, los enfrentamientos bélicos...-. Esta situación, está
desbordando los planteamientos y alternativas estrictamente nacionales, y exige
respuestas a nivel internacional con políticas a largo plazo, basadas en la
solidaridad entre los pueblos. 3. El
estado-nación en un contexto globalizado: el futuro de la sociedad del
bienestar
El estado de bienestar está determinado por la problemática coyuntural
que está afectando a los países desarrollados y al contexto mundial, y en
particular por la globalización como condicionante estructural. Según Rodríguez
Cabrero5 el estado de bienestar ha sido históricamente un
mecanismo institucional de regulación del capitalismo en su fase de expansión,
pero, a finales de los setenta, comienza a ser considerado, por una parte, como
un obstáculo para la globalización, pero por otra, sigue siendo un mecanismo
compensador de los costes sociales. La globalización de la economía, ha
supuesto, en primer lugar, el agotamiento del modelo keynesiano ante los
profundos cambios producidos en el mercado mundial, y la aparición de
movimientos especulativos y políticas competitivas a gran escala, que impiden
el crecimiento económico constante, que había posibilitado el desarrollo y
funcionamiento del estado de bienestar. En segundo lugar, la expansión de las
nuevas tecnologías, que han acelerado la crisis del modelo, que han
transformado los procesos productivos y sistemas distributivos, afectando al
mundo del trabajo y a su organización. A esto hay que añadir los efectos de la
desaparición del socialismo real, ocurrido tras la desintegración de la
U.R.S.S. a finales de los años ochenta, que era un obstáculo a la mundialización
de la economía y a la expansión del sistema capitalista. Pero esta globalización
está produciendo una serie de contradicciones, que están afectando a las
relaciones entre el norte y el sur -del enfrentamiento entre Este Oeste se ha
pasado al enfrentamiento entre los países ricos y países pobres-, y ha dado
origen a una dualización social dentro de los mismos países desarrollados, al
crear diferentes espacios de bienestar y provocar situaciones crónicas de
exclusión social.
El estado de bienestar futuro tendrá que dirigir su intervención hacia
los riesgos fabricados, derivados de la situaciones de dominación que se
mantienen sobre el Tercer Mundo, y cuyas repercusiones a largo plazo se
desconocen y no pueden evaluarse adecuadamente. La explotación económica del
Tercer Mundo ha beneficiado y ayudado, durante siglos, a la expansión económica
de los países desarrollados, a través del mantenimiento de unos precios
baratos de las materias primas y de la mano de obra, lo que ha producido una
situación de dominación y dependencia económica y tecnológica. Es urgente,
por tanto, un replanteamiento de las actuaciones de los países industrializados
respecto a los subdesarrollados. Los Programas de actuación, deben procurar un
desarrollo alternativo, basado en políticas generativas y en el fomento de
actividades ya existentes en el mismo lugar.
Asimismo deberán tenerse presente los nuevos riesgos sociales y económicos
que aparecen en cada país, como consecuencia del envejecimiento de la población,
y el consiguiente incremento de los gastos de protección social: pensiones,
asistencia sanitaria, ayuda personalizada... y de los cambios producidos en el
ciclo formativo y laboral de la población, y que afectan a los procesos
educativos, que cada vez son más largos, a la incorporación a la actividad
laboral, que se produce a una edad más tardía, y al adelantamiento de la edad
de jubilación. Esto supone la disminución del período medio de actividad por
persona, lo que en conjunto significa mayores gastos sociales y menos recursos
fiscales para el estado. A ello, habría que añadir los nuevos riesgos que se
están produciendo por el impacto de la mundialización en la economía
nacional, es decir, la repercusión que los procesos de globalización están
teniendo en las economías de los países desarrollados, como consecuencia de la
competitividad mundial, de los movimientos especulativos...
Por otra parte, tampoco se pueden olvidar las nuevas desigualdades y
cambios en la estructura social, derivados de: 1º) el
cambio que se ha producido en la estructura familiar, concretamente por la
incorporación de la mujer a la actividad laboral y por las nuevas situaciones
familiares, producidas por el aumento de divorcios y la aparición de otras
formas de convivencia; 2º) las
nuevas formas de desigualdad y de pobreza, asociadas a los procesos migratorios
y sus problemas de integración, la extensión de familias monoparentales y a la
descualificación profesional y exclusión social. 3º) las
nuevas desigualdades por los cambios producidos en la estructura social, y los
efectos del paro estructural, que está afectando especialmente a colectivos muy
específicos: jóvenes y mayores de 45 años, con bajo nivel de cualificación. 4º) la
dualización social que aparece como resultado de la extensión de la economía
sumergida y, de los cambios en la organización del trabajo debido a la
implantación tecnológica.
De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que lo que verdaderamente
está en crisis es el modelo económico y la idea de crecimiento ilimitado como
generador de bienestar y calidad de vida. El crecimiento resulta indispensable
para hacer frente a las necesidades cambiantes y siempre crecientes, prototipo
de la cultura del bienestar, pero los niveles de consumo alcanzados en los países
desarrollados, no han logrado la realización de muchas de las necesidades
humanas: autorrealización, seguridad, estabilidad personal y laboral... Es
necesario pensar, por tanto, en un modelo de sociedad en el que el crecimiento
económico no sea un fin en sí mismo sino un medio para dar respuesta a las
necesidades humanas y, por tanto, esté condicionado a su satisfacción.
Las crisis cíclicas que están experimentando las sociedades avanzadas
están cuestionando la racionalidad del crecimiento indiferenciado del sistema
capitalista. La experiencia, en esta última fase de desarrollo del capitalismo,
está demostrando que la abundancia no conduce necesariamente al bienestar y a
la calidad de vida, que la economía no puede crecer de forma indefinida a causa
de los límites físicos de la propia naturaleza, y que el problema económico
fundamental no es el crecimiento sino la distribución de bienes y recursos. Únicamente es posible salir de esta crisis, a largo plazo, a través de unas estrategias globales de cambio, que deben producirse a nivel mundial, y que suponen necesariamente el establecimiento de un nuevo marco general de cooperación y una nueva actitud respecto de la naturaleza y de la utilización de sus recursos, basada en la armonía y no en la dominación, y hacia las generaciones futuras, a fin de que el bienestar actual no hipoteque el suyo. NOTAS 1. FRIEDMAN, N. y R.
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